
La industria textil argentina atraviesa una de las crisis más severas de su historia reciente, marcada por una apertura comercial que el sector califica de "fraudulenta" y que golpeó con especial dureza a las economías del interior. En Tucumán, este escenario se traduce en una caída estrepitosa de la actividad en centros productivos clave como Famaillá, donde la empresa Santista Argentina SA vio recortada su capacidad operativa al 50% debido a la competencia de productos asiáticos y la caída del consumo interno.
Desde la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA), se lanzó un grito de alerta advirtiendo que las actuales políticas de desregulación están favoreciendo una asimetría insostenible que pone en riesgo miles de puestos de trabajo y décadas de inversión tecnológica.
En un reciente comunicado, la FITA fue categórica al plantear que la prioridad debe ser “competencia sí, fraude no”. La entidad reafirmó la necesidad de analizar la situación económica desde una perspectiva compleja, señalando que “el precio de la indumentaria no se determina a partir del costo industrial textil de manera aislada, sino que surge de la interacción de múltiples eslabones de una cadena productiva extensa”. Según la organización, las simplificaciones oficiales sobre la formación de precios surgen en “diagnósticos incompletos que pueden derivar en decisiones que profundicen los desequilibrios existentes”.

La crítica de la Federación apunta directamente a los beneficios que el Gobierno nacional otorgó a los bienes extranjeros: “Las rebajas impositivas y los procesos de desburocratización implementados en los últimos años beneficiaron principalmente a las importaciones. La producción nacional continúa enfrentando una elevada carga tributaria, altos costos, deficiencias logísticas y la falta de financiamiento para sostener la inversión y el empleo”. A esto se suma la irrupción de plataformas digitales como Shein y Temu, que comercializan productos sin pagar aranceles, profundizando lo que califican como una “competencia desleal”.
El diagnóstico de la FITA revela que el problema no es la falta de eficiencia local, sino la irregularidad en la frontera. “El problema actual no es la apertura, sino el ingreso de productos subfacturados que impiden una competencia leal. Más del 70 % de las importaciones ingresan a valores significativamente inferiores a los antecedentes del sector, en muchos casos sin cubrir siquiera el costo de la principal materia prima”. Esta situación ha provocado una “caída de la actividad cercana al 37 % y niveles de utilización de la capacidad instalada menor al 30% en el sector textil”.
El caso de Santista en Tucumán ejemplifica esta agonía. Carlos Muia, presidente de la firma, reveló que la planta pasó de fabricar “2 millones a 1 millón de metros mensuales”, a pesar de haber invertido 30 millones de dólares en tecnología en el último lustro. Muia criticó la pretensión oficial de que la industria local compita sin protección: “Pretenden que compitamos y quieren que nosotros salgamos a pelear en un ring de igual a igual con Tyson. Las autoridades nacionales nos prometen que en tres meses vamos a estar listos y en tres meses no existimos más”. Ante la gravedad del cuadro, el gobernador Osvaldo Jaldo decidió prorrogar hasta diciembre de 2026 los beneficios impositivos en Ingresos Brutos y Salud Pública para la hilandería, un “gasto tributario” que busca evitar el cierre definitivo de una fuente laboral que aún sostiene a 640 familias.
Finalmente, desde la FITA reclaman que el Estado nacional haga cumplir las normas vigentes para “restablecer condiciones de competencia justa para recuperar producción, empleo y desarrollo industrial”. El sector advierte que, sin una corrección urgente en el control de la subfacturación y un alivio en los costos de producción locales, la industria textil argentina corre el riesgo de desaparecer frente a un modelo de apertura que califican de "suicida".